Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años y el proyecto pasa al Senado

La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos tras más de ocho horas de debate y ahora deberá ser tratada en el Senado para su sanción definitiva.

El proyecto forma parte del nuevo Régimen Penal Juvenil y se inscribe dentro de una política de endurecimiento frente al delito. Bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, la propuesta busca ampliar la posibilidad de juzgar penalmente a adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos.

De acuerdo a la normativa vigente, los menores de 16 años no pueden ser juzgados, mientras que los jóvenes de entre 16 y 18 solo son imputables en casos de delitos graves. Con esta reforma, se habilita el procesamiento de adolescentes más jóvenes, quienes podrían recibir penas de hasta 15 años de privación de la libertad.

El proyecto original contemplaba bajar la edad a 13 años, pero fue modificado durante las negociaciones con bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical. La iniciativa había sido impulsada desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, quien sostiene una postura de mayor dureza frente a la delincuencia.

El debate cobró fuerza tras distintos hechos de inseguridad que involucraron a menores, entre ellos el crimen de un adolescente de 15 años en Santa Fe, que generó conmoción a nivel nacional y reavivó la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil.

Desde el oficialismo argumentan que la medida busca evitar que organizaciones criminales utilicen a menores para cometer delitos, aprovechando el actual régimen. Además, sostienen que la reforma responde a una demanda social creciente: distintas encuestas indican que entre el 60% y el 80% de la población está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad.

Sin embargo, la iniciativa también generó fuertes críticas. Organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la Iglesia advirtieron que la medida no resuelve el problema de fondo y podría agravar la situación de los jóvenes. Desde UNICEF señalaron que la privación de la libertad no ha demostrado ser efectiva para reducir el delito ni la reincidencia, y pidieron fortalecer políticas de educación, salud y contención social.

Datos de la Corte Suprema indican que, en el primer semestre de 2025, se iniciaron causas penales contra 945 menores en la Justicia Nacional, en su mayoría varones de entre 16 y 17 años, y que más del 80% de los delitos fueron contra la propiedad.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto abre una nueva etapa en el debate sobre seguridad y justicia en Argentina. Ahora será el Senado el encargado de definir si la reforma se convierte en ley, en un contexto de fuerte discusión social sobre cómo abordar el delito juvenil.