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Denuncia Penal por Administración Fraudulenta contra la Presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo

La presidenta de la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios Merlo LTDA, María Belén Gurruchaga, se encuentra bajo investigación por presunta administración fraudulenta. La denuncia fue presentada el 15 de julio de 2025 y está siendo tratada por el Fiscal de Instrucción N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina.

21 de julio de 2025 - 09:50 hs.

La denuncia, interpuesta por los ciudadanos L.G. y N.V. Arias, señala a Gurruchaga y a Rolando Claudio Spina, Secretario de la cooperativa, de presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, que incluyen la facturación y cobro de servicios entre enero y febrero de 2024, así como la documentación relacionada con las reuniones del Consejo de Administración y asambleas celebradas entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Uno de los puntos más delicados de la investigación es la resolución N° 01/2024, que establece rebajas tarifarias. Las autoridades fiscales han solicitado una exhaustiva revisión de todos los documentos vinculados a estos cambios, lo que podría evidenciar maniobras irregulares en la gestión financiera de la cooperativa.

El Ministerio Público Fiscal ha requerido, además, la entrega de copias autenticadas de los libros de actas y otros legajos administrativos que podrían arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en la administración de la cooperativa. Se espera que dicha documentación sea entregada en un plazo de 20 días hábiles.

Esta investigación ha generado gran preocupación en la comunidad de Merlo, dado que la cooperativa es un actor fundamental en la provisión de servicios básicos. Los vecinos temen que las prácticas denunciadas puedan haber afectado la calidad y costo del servicio de agua potable, además de otras posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos.

La denuncia por administración fraudulenta en contra de los directivos de la Cooperativa de Agua de Merlo es solo un indicio de lo que podría convertirse en un caso más amplio que exponga fallas en la gestión de entidades públicas de la región. El futuro de la cooperativa y sus responsables está ahora en manos de la justicia, que deberá determinar si efectivamente hubo delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

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