Salud
Jubilado mendocino demanda $152 millones a AstraZeneca y al Estado
Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado argentino, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.
17 de septiembre de 2025 - 11:11 hs.
El caso se enfrenta a un obstáculo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil. La normativa, promulgada en octubre de 2020, permite al Estado firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los afectados deben recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.
El jubilado reclama indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca. Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar.
El caso también busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral frente a campañas de vacunación masiva.
Casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y la púrpura trombocitopénica.
AstraZeneca reconoció la existencia de efectos secundarios raros, como la trombocitopenia trombótica inmune, pero sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.
El juicio del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, tanto por el monto reclamado como por el intento de abrir una vía judicial directa contra un laboratorio protegido por ley.
