Seguridad
San Luis también prohíbe a trapitos y lavacoches: Merlo ya lo había hecho en enero
El Concejo Deliberante de la capital sancionó una ordenanza que prohíbe la actividad en la vía pública. Villa de Merlo fue pionera en implementar una medida similar a comienzos de año.
31 de julio de 2025 - 19:33 hs.
Este jueves, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó una ordenanza que prohíbe la actividad de trapitos y lavacoches en la vía pública. La medida fue impulsada por el intendente Gastón Hissa luego de una reunión con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y fue acompañada únicamente por el bloque oficialista Por San Luis. La oposición abandonó el recinto antes de la votación.
Sin embargo, Villa de Merlo se había anticipado y aprobó en enero una normativa aún más amplia que también prohíbe manteros y limpiavidrios en el espacio urbano. En aquella oportunidad, el Concejo merlino estableció sanciones, decomisos y programas de reconversión laboral para quienes desarrollaran actividades informales en la vía pública.
En el caso de San Luis capital, la nueva ordenanza prohíbe “toda actividad en relación al servicio de lavado, estacionamiento o cuidado de rodados en la vía pública”, lo que incluye a quienes ofrecen este tipo de servicios a cambio de una retribución económica.
Los infractores serán sancionados con multas que van desde 200 a 500 Unidades Monetarias Municipales. En caso de reincidencia, el valor se duplica. Si la persona es menor de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres o tutores. También se habilitó la línea 147 para denuncias.
La ordenanza establece además que si hay participación de niños, niñas o adolescentes, deberán intervenir la Defensoría de Menores y la Policía. Y si se trata de personas en situación de vulnerabilidad social, será la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino quien tome intervención. Se prevé además un programa de capacitación en oficios como alternativa.
El concejal Mario Silvestri defendió el proyecto en el recinto, argumentando que se trataba de una demanda urgente de vecinos y comerciantes. Su par Lizbeth Huatay también apoyó la medida, remarcando que se identificaron más de 100 personas ejerciendo esta actividad en la ciudad.
La oposición, en cambio, cuestionó el tratamiento y el enfoque del proyecto, señalando que criminaliza la pobreza. Por ese motivo, decidió retirarse antes de votar.
