El Gobierno disolvió Vialidad Nacional y reorganiza el sistema de transporte

La medida, que había sido anticipada en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni, forma parte de un paquete de reformas que busca reducir el gasto público y reorganizar competencias del Estado.

Durante la conferencia, Adorni comenzó repasando las causas de corrupción en la obra pública, en particular la que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por irregularidades en contratos de obra vial. “Es un acta de defunción a la corrupción de la obra pública y la firmó el presidente de la Nación”, remarcó.

Según el Ejecutivo, la DNV contaba con una dotación de más de 5.180 empleados, de los cuales el 67% realizaba tareas administrativas o jerárquicas, y solo el 33% cumplía funciones operativas. Además, se señaló que el organismo presentaba una estructura sobredimensionada y altos costos operativos, lo que justificó la decisión.

“La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado de 100 millones de dólares, optimizando el mantenimiento de las rutas con mayor participación del sector privado”, detalló la Casa Rosada.

Como parte de la reestructuración, la CNRT pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la nueva autoridad encargada de fiscalizar las concesiones viales, ferroviarias y de transporte automotor. Por su parte, la Gendarmería Nacional asumirá tareas de control en rutas nacionales.

Además, el Gobierno anunció la apertura a licitación de 9.120 kilómetros de rutas en todo el país, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial tras “décadas de despilfarro y abandono”.

La medida se enmarca en el uso de las facultades delegadas que el presidente Javier Milei recibió por un año y que vencen este martes. Según Adorni, estas herramientas permitieron al Gobierno ahorrar 2.000 millones de dólares en un año, sin solicitar prórroga como hicieron gestiones anteriores.

“El presidente respetó la institucionalidad. No prorrogó las facultades delegadas y las utilizó para implementar un plan de reformas que saque al país de la decadencia”, sostuvo.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza su política de ajuste y reforma del Estado, apuntando a una mayor eficiencia operativa y una fuerte reducción del gasto público.