San Luis aprobó una nueva ley para promover inversiones y generar empleo

La Legislatura de San Luis convirtió en ley el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que busca estimular las inversiones privadas y favorecer la creación de puestos de trabajo.

El proyecto obtuvo este miércoles la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados por 27 votos a favor y 11 en contra. Previamente, había recibido media sanción del Senado provincial el pasado 28 de julio.

La nueva normativa establece un régimen de promoción que integra beneficios tributarios, incentivos para la generación de empleo, herramientas de financiamiento y mecanismos para utilizar inmuebles fiscales en proyectos que contribuyan al desarrollo económico.

Beneficios impositivos por hasta 15 años

Uno de los puntos centrales del RIPEE es el esquema de incentivos fiscales destinado a quienes realicen nuevas inversiones o amplíen actividades existentes en San Luis.

La ley contempla exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, Acoplados y Motocicletas por períodos de hasta 15 años, según las características de cada inversión.

También establece créditos fiscales para empresas que inviertan, la exención de Ingresos Brutos para la actividad industrial y diferentes mecanismos de alivio y regularización tributaria.

El régimen tendrá un alcance amplio e incluirá actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios, entre otras.

Una de las novedades es la incorporación del sector comercial, que no había sido contemplado en anteriores regímenes provinciales de promoción.

Incentivos para contratar beneficiarios del Plan de Inclusión

Otro de los principales ejes apunta directamente a la generación de empleo registrado.

Las empresas que incorporen a personas pertenecientes al Plan de Inclusión podrán acceder a un subsidio provincial. El aporte será equivalente al beneficio social que percibía la persona al momento de ser contratada y disminuirá progresivamente durante un período de dos años.

Para acceder al incentivo, la contratación deberá representar un incremento real de la cantidad de trabajadores de la empresa y no podrá utilizarse para reemplazar empleados existentes.

Durante el debate legislativo, el diputado Nicolás González Ferro definió la medida como “un mecanismo de inserción laboral innovador” que busca facilitar el paso de los programas sociales hacia el empleo privado formal.

Créditos y financiamiento para inversiones

El RIPEE también contempla líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas de interés, períodos de gracia, subsidios destinados a la capacitación de trabajadores y herramientas para acompañar procesos de reconversión empresarial.

Además, habilita la creación o integración de fondos de garantía, fideicomisos y otros instrumentos públicos, privados o mixtos destinados a facilitar el acceso al financiamiento.

Inmuebles fiscales para proyectos productivos

La nueva ley faculta al Poder Ejecutivo provincial a destinar bienes inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado a iniciativas que promuevan inversiones y generen empleo.

Los recursos obtenidos mediante esas operaciones deberán utilizarse para infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento destinados al sector privado. La normativa establece que no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes del Estado provincial.

Mesas sectoriales permanentes

La legislación también institucionaliza las mesas sectoriales entre el Estado y los diferentes sectores productivos, empresarios, universidades y representantes del sistema científico y tecnológico.

La diputada Eugenia Gallardo sostuvo durante el tratamiento que las inversiones generan un “círculo virtuoso” al impulsar el consumo, desarrollar proveedores locales y crear oportunidades laborales.

Según explicó, el objetivo del régimen es facilitar la radicación de nuevas inversiones y acompañar también la ampliación y consolidación de emprendimientos y empresas que ya funcionan en territorio sanluiseño.

Con la sanción definitiva, la Provincia declara además la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado, al tiempo que busca unificar normativas que hasta ahora se encontraban dispersas y otorgar mayor previsibilidad a quienes decidan invertir en San Luis.