Judiciales
Histórico decomiso en la causa vialidad: la Justicia avanza sobre bienes de Cristina Kirchner por casi $685 mil millones
La causa conocida como “Vialidad” ingresó en una etapa decisiva en la Argentina: la Justicia comenzó a ejecutar el decomiso de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados, con el objetivo de recuperar cerca de $684.990 millones considerados perjuicios al Estado.
25 de abril de 2026 - 09:56 hs.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 luego de que la condena quedara firme en instancias previas, marcando un paso clave: pasar de la sentencia judicial a la recuperación efectiva del dinero.
Según se informó, el decomiso alcanza un importante patrimonio compuesto por más de 140 inmuebles, aunque en una primera etapa se avanzará sobre una veintena de propiedades ubicadas principalmente en la provincia de Santa Cruz, en ciudades como El Calafate y Río Gallegos.
Entre los bienes más relevantes figuran hoteles emblemáticos como Los Sauces Casa Patagónica y Las Dunas, además de terrenos de gran extensión adquiridos durante los años de crecimiento patrimonial de la familia Kirchner.
También se incluyen complejos de departamentos y propiedades vinculadas a empresas del empresario Lázaro Báez, otro de los condenados en la causa.
Uno de los puntos destacados del fallo es que la Justicia resolvió incluir en el decomiso bienes que habían sido transferidos a los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal consideró que esas cesiones no modifican el origen de los fondos investigados, por lo que también podrán ser ejecutados.
Además, la resolución prevé avanzar sobre activos de empresas vinculadas —como Austral Construcciones y otras firmas— en caso de que el patrimonio personal no alcance para cubrir el monto fijado.
Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir su destino final, que podría incluir subastas o su utilización con fines de reparación social.
Por su magnitud, tanto en cantidad de bienes como en el monto involucrado, el proceso es considerado uno de los decomisos más importantes en la historia judicial argentina, y representa un cambio de paradigma: no solo sancionar penalmente, sino también garantizar consecuencias económicas concretas frente a hechos de corrupción.
