Habrían advertido a la Justicia sobre una situación de violencia familiar antes del hecho fatal

Por estas horas, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió puertas adentro de una vivienda del barrio 18 Viviendas de la Villa de Merlo, donde un hombre de más de 70 años apareció sin vida y su esposa fue hallada con heridas cortantes superficiales. La escena, hoy bajo investigación de la División Homicidios, no presentaba signos de robo ni violencia externa. Pero el drama, según consta en documentación oficial, no comenzó hoy.

Una semana antes del episodio fatal, el Estado municipal había encendido una señal de alarma.

Una advertencia que quedó en papeles

Según se pudo reconstruir, el pasado 17 de diciembre, a partir de una denuncia realizada por un médico de una clínica de Merlo, el área social del municipio intervino ante una situación considerada de extrema vulnerabilidad. La alerta no fue vaga ni preventiva: se trataba de una mujer adulta, identificada en este artículo como R.E.A., con discapacidad mental, que había ingresado reiteradas veces a guardia por intoxicaciones con benzodiacepinas.

El abordaje fue concreto: entrevistas domiciliarias, observación directa del entorno, testimonios colaterales y un análisis profesional detallado. El diagnóstico fue contundente. El entorno de cuidado no solo era inadecuado, sino potencialmente riesgoso.
El informe —elevado a la Justicia— advertía sobre posibles situaciones de maltrato psicológico, negligencia, relatos inconsistentes por parte de los convivientes y la ausencia total de conciencia sobre la gravedad del estado de salud de la mujer.

Gritos, silencios y una vecina que habló

Un dato clave surgió de una entrevista colateral. Una vecina lindera declaró haber escuchado en reiteradas oportunidades gritos y maltrato verbal dirigidos a R.E.A. dentro del domicilio. También relató una situación de extrema gravedad vinculada a presuntas conductas abusivas del hombre fallecido —identificado aquí como J.C.F.— hacia una hija.

Nada de esto fue tomado a la ligera por el equipo interviniente. Por el contrario, el informe recomendaba pericias psiquiátricas urgentes, la evaluación del entorno de cuidado y la adopción inmediata de medidas de protección integral.

Sin embargo, la presentación judicial fue desestimada.

Una tragedia que reabre preguntas

Hoy, ese mismo domicilio es escenario de una muerte en investigación. Un hombre sin vida. Una mujer herida. Y un expediente previo que advertía, con claridad, que algo podía salir mal.

La policía informó que no hubo signos de ingreso forzado ni faltantes, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto intrafamiliar. La mujer fue trasladada al hospital por lesiones leves y una enfermedad de base. La Justicia intenta ahora establecer responsabilidades, tiempos y decisiones.

Pero hay una pregunta que ya no puede evitarse:

¿Qué habría pasado si aquella advertencia no hubiera sido desestimada?

Cuando prevenir no alcanza

El caso expone una falla estructural que va más allá de un hecho policial. El trabajo social actuó como corresponde: detectó, evaluó, documentó y alertó. El Estado municipal cumplió su rol preventivo. El problema apareció después, en el punto donde la prevención necesita decisiones judiciales concretas para transformarse en protección real.

Hoy, con una persona muerta y otra herida, aquella intervención cobra un peso distinto. No como reproche tardío, sino como evidencia de que las tragedias anunciadas existen. Y de que ignorarlas también es una forma de responsabilidad.

La investigación judicial dirá qué ocurrió exactamente en esa casa. Pero los informes previos ya decían algo más profundo: el riesgo estaba a la vista.