Escándalo por venta de terrenos en Villa Mercedes: imputaron a una mujer por estafar a decenas de familias

La Justicia de Villa Mercedes imputó a Mayte Reyna del Portugal Escudero por el delito de estafa en 15 hechos en concurso real, en una causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos que no le pertenecían. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que la imputada habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios de terrenos que no eran de su propiedad, acuerdos que incluso contaban con certificación de firmas ante escribana. Sin embargo, según la investigación, la mujer no puede acreditar la posesión de esos lotes, lo que configuraría la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, los terrenos se encuentran ubicados en la zona del barrio Familia Unida, un sector que comprende alrededor de 16 manzanas. Esos espacios fueron adquiridos mediante procedimientos administrativos por la Municipalidad de Villa Mercedes y posteriormente cedidos al Gobierno de San Luis, que es el único organismo habilitado para su escrituración y donde además se proyecta la construcción de viviendas.

La investigación sostiene que los terrenos fueron ofrecidos a diferentes personas a valores variables y en algunos casos con pagos en cuotas, lo que habría derivado en una defraudación millonaria. La querella señaló que podrían existir al menos 54 familias damnificadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.

Además, el Ministerio Público Fiscal advirtió que podrían existir otras personas involucradas en la maniobra, por lo que no se descarta que durante la investigación se sumen delitos como asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos o estafa procesal.

Como parte de las medidas solicitadas, la Fiscalía pidió la restitución de los inmuebles, la prohibición de innovar sobre los terrenos y el desalojo de quienes hayan iniciado ocupaciones. También solicitó autorización para que continúen las obras de viviendas previstas en el sector, respetando las construcciones que ya se encuentren realizadas.

Asimismo, el fiscal requirió la prisión preventiva por 90 días y la inhibición de bienes de la imputada, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la magnitud del daño ocasionado.

La defensa solicitó una prórroga de detención por siete días y la imputada se abstuvo de declarar.

Finalmente, la jueza consideró que existen elementos mínimos para admitir la formulación de cargos por estafa y dispuso la prórroga de la detención hasta el próximo viernes 20 de marzo, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para definir la situación procesal de la acusada.