Anabela Lucero, de referente del albertismo en Villa Mercedes a prisión preventiva por la causa Molino Fénix

Lucero no es una dirigente marginal del justicialismo puntano: construyó poder político en Villa Mercedes durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y continuó ocupando un lugar de referencia dentro del espacio después de la salida del albertismo del Ejecutivo provincial.

El discurso de la transparencia suele ser uno de los argumentos más repetidos por el peronismo cuando ocupa el lugar de la oposición. En San Luis, sin embargo, la discusión acaba de adquirir una dimensión mucho más incómoda para el Partido Justicialista: una de las dirigentes identificadas con la última administración de Alberto Rodríguez Saá pasó de los actos partidarios y la construcción territorial a una celda del Servicio Penitenciario Provincial.

La exdiputada provincial Anabela Lucero quedó detenida luego de que el juez de Garantías Nº4, Santiago Ortiz, ordenara 60 días de prisión preventiva en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes. También fueron alcanzados por la medida Enzo Lucero y Exequiel Scarel.

La decisión llegó después de una audiencia de aproximadamente siete horas en la que la Fiscalía amplió la acusación. Lucero y su pareja, el actual diputado provincial Joaquín Beltrán, quedaron imputados como presuntos jefes u organizadores de una asociación ilícita; a los restantes acusados se les atribuyen distintos grados de participación. También se formularon cargos vinculados con administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de elementos destinados a servir como prueba.

En el caso de Beltrán existe una diferencia institucional determinante: por su condición de legislador provincial, el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado solicitaron su desafuero para poder hacer efectiva la prisión preventiva dispuesta judicialmente.

Más de $900 millones bajo investigación

La dimensión económica de la causa explica buena parte de su impacto político.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, los hechos investigados se habrían desarrollado entre 2020 y 2023, es decir, durante la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Los acusadores sostienen que desde el Molino Fénix se habrían utilizado mecanismos irregulares para disponer de recursos públicos en beneficio propio o de terceros, incluyendo facturación presuntamente falsa y contrataciones cuestionadas.

La estimación provisoria del perjuicio supera los $900 millones. Uno de los datos expuestos durante la audiencia resulta particularmente significativo: de 116 cheques relevados durante la investigación, según la presentación fiscal difundida por los medios, solamente cuatro se encontrarían en condiciones regulares. La investigación continúa intentando establecer el destino final del dinero y la eventual existencia de otros beneficiarios.

El fiscal José Olguín agregó públicamente otro capítulo de enorme gravedad. Según explicó en una entrevista con Cadena 3, al finalizar la anterior administración se retiraron mobiliario, computadoras, impresoras y equipamiento del complejo y se destruyó documentación contable. El fiscal sostuvo incluso que carpetas y documentación fueron quemadas en un horno ubicado dentro del predio. Se trata, nuevamente, de la hipótesis y los elementos reunidos por la acusación, que deberán ser sometidos al correspondiente proceso judicial.

La prisión preventiva no constituye una condena. Lucero conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme. El juez Ortiz justificó la medida cautelar, entre otras razones, en las pruebas que todavía deben producirse —incluidas pericias contables e informáticas— y en la necesidad de determinar la eventual participación de otras personas.

Lucero: “Es una causa política”

La exlegisladora rechazó las acusaciones y convirtió su defensa judicial también en una defensa política.

Durante la audiencia sostuvo que es víctima de persecución y hostigamiento, denunció un supuesto “escarnio social” y cuestionó severamente tanto al fiscal como al juez. Antes de conocerse la resolución volvió a declararse inocente y comparó su situación con la de Cristina Fernández de Kirchner.

Existe, además, una mirada diametralmente opuesta sobre la prisión preventiva. El Diario de la República cuestionó la decisión y puso el foco en que la investigación lleva más de dos años, planteando que durante ese período Lucero permaneció en libertad sin que se considerara necesario encarcelarla para impedir un eventual entorpecimiento.

Ese contraste forma parte de una discusión que recién comienza. Una cosa es el debate político alrededor del expediente y otra, diferente, lo que finalmente pueda probarse en un juicio.

Una dirigente directamente surgida del poder de Alberto Rodríguez Saá

Reducir el caso Lucero a la situación individual de una exdiputada sería omitir su verdadera dimensión política.

Anabela Lucero fue una dirigente estrechamente vinculada al esquema de poder de Alberto Rodríguez Saá. Los hechos que hoy investiga la Justicia corresponden precisamente al período 2020-2023 y a organismos provinciales administrados durante el último mandato del exgobernador. Los restantes principales involucrados también ocuparon funciones dentro de aquella estructura estatal.

Pero la relación no terminó el 10 de diciembre de 2023.

Cuando Rodríguez Saá reapareció públicamente en Villa Mercedes en diciembre de 2024, Lucero fue una de las figuras centrales de su recepción. Las crónicas de aquel acto la describieron como anfitriona del exgobernador: fue la primera dirigente que lo recibió al descender del vehículo y posteriormente compartió con él la actividad en la sede del PJ.

La imagen tenía contenido político. Alberto regresaba a Villa Mercedes y Lucero estaba allí, en primera línea.

Incluso con la investigación judicial ya instalada, la dirigente continuó interviniendo en la estructura territorial del justicialismo villamercedino. En octubre de 2025, publicaciones políticas locales la señalaron como la dirigente que comandaba parte de la estructura de campaña del PJ en Villa Mercedes y como una referencia local del espacio que conducía políticamente Rodríguez Saá.

Por eso resulta difícil presentar lo ocurrido como un episodio completamente ajeno al albertismo. La responsabilidad penal será individual y deberá determinarla la Justicia; la responsabilidad política, en cambio, abre necesariamente una discusión sobre el sistema de conducción y administración provincial dentro del cual Lucero construyó su poder.

De Petrino en Merlo a Lucero en Villa Mercedes

Para entender el mapa territorial del PJ puntano puede trazarse una comparación política.

Gloria Petrino representa desde hace años una de las figuras de mayor peso del justicialismo en Villa de Merlo y el departamento Junín. Fue intendenta de Merlo, senadora departamental y diputada provincial, y en 2025 integró en segundo lugar la lista del PJ puntano para diputados nacionales.

Petrino también ha mantenido una relación política prolongada con Alberto Rodríguez Saá: existen registros de su participación junto al exgobernador desde campañas anteriores y volvió a integrar reuniones y actividades de reorganización partidaria encabezadas por Rodríguez Saá en los últimos años.

Con recorridos y situaciones personales diferentes —y sin trasladar a Petrino ninguna de las acusaciones judiciales que pesan sobre Lucero—, ambas permiten comprender una lógica territorial del albertismo: Petrino como referencia histórica del PJ en Merlo y Junín; Lucero como una de las dirigentes de peso del mismo espacio político en Villa Mercedes y Pedernera.

Esa pertenencia política es relevante porque la causa Molino Fénix no investiga la administración de una dirigente aislada de su contexto. Investiga el manejo de recursos públicos dentro de una estructura provincial que funcionaba bajo el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El problema de la transparencia cuando cambia el lugar desde donde se habla

Aquí aparece la contradicción política que el PJ deberá explicar.

Desde la oposición, el justicialismo suele reclamar transparencia, institucionalidad, respeto por los recursos públicos y rendición de cuentas. Son exigencias legítimas y necesarias en cualquier democracia.

El problema aparece cuando esos mismos estándares deben aplicarse hacia adentro.

La prisión preventiva de Lucero no autoriza a afirmar su culpabilidad. Tampoco permite condenar colectivamente a un partido político. Sí permite formular preguntas políticas que el peronismo puntano no debería eludir.

¿Cómo se administraron durante aquellos años los recursos asignados al Molino Fénix? ¿Qué controles existían? ¿Quién supervisaba las contrataciones? ¿Cómo pudo producirse, si finalmente la Justicia demuestra las maniobras denunciadas, un perjuicio de semejante magnitud? ¿Se trató de comportamientos individuales o existieron fallas estructurales en el sistema de control de la administración provincial?

Y existe una pregunta todavía más incómoda: ¿qué responsabilidad política asumen quienes condujeron el Gobierno mientras ocurrieron los hechos que ahora investiga la Justicia?

Porque la investigación ubica temporalmente las presuntas maniobras dentro de la última administración de Alberto Rodríguez Saá. Y Lucero no solamente ejerció funciones dentro de ese esquema: después de terminada aquella gestión continuó compartiendo espacios políticos con el exgobernador y manteniendo protagonismo dentro del PJ de Villa Mercedes.

Del poder provincial al Servicio Penitenciario

La fotografía política cambió radicalmente.

Durante años, Anabela Lucero se movió dentro de uno de los espacios de mayor exposición política y presupuestaria de Villa Mercedes. Fue diputada provincial, condujo el Molino Fénix y se convirtió en una dirigente reconocible del albertismo local.

Este lunes salió de los tribunales bajo custodia.

Alrededor de las 21:20 fue trasladada desde Villa Mercedes e ingresó al Servicio Penitenciario Provincial Nº1, donde deberá cumplir —salvo que una instancia judicial modifique la decisión— los 60 días de prisión preventiva ordenados por el juez.

La Justicia tendrá ahora la responsabilidad de determinar qué ocurrió, quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos públicos investigados. La defensa tendrá el derecho de cuestionar las pruebas y demostrar su versión de los acontecimientos.

Pero el expediente ya dejó una consecuencia política imposible de ignorar.

La dirigente que durante la última etapa del gobierno de Alberto Rodríguez Saá acumuló poder en uno de los principales centros políticos y culturales de Villa Mercedes, y que después siguió formando parte del armado territorial del albertismo, hoy está privada preventivamente de su libertad en una investigación sobre el manejo de fondos de aquel mismo Estado provincial.

La sentencia judicial todavía no existe.

El debate sobre la responsabilidad política, en cambio, ya empezó.