Judiciales
Arrancó el juicio contra la ex funcionaria Cintia Ramírez: la acusan de desviar fondos públicos
Este lunes 16 de marzo comenzó el juicio oral contra la ex funcionaria provincial Cintia Marina Ramírez, acusada de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa llegó a esta instancia con un pedido de condena de cinco años de prisión.
16 de marzo de 2026 - 21:31 hs.
El debate se desarrolla en el ámbito del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial y está a cargo de un tribunal integrado por Fernando de Viana, como presidente, junto a Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales.
Durante la apertura, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que buscará demostrar que la imputada habría utilizado su cargo para organizar un circuito de manejo de fondos públicos que, según la acusación, benefició a una entidad privada vinculada a ella.
Uno de los ejes centrales de la fiscalía es lo que definieron como una “triple identidad” de Ramírez, al haber ocupado simultáneamente roles clave: Secretaria de Estado de Deportes, presidenta del Ente de Deportes San Luis y presidenta del San Luis Fútbol Club. Según la acusación, esta superposición de funciones le habría permitido intervenir en la administración, decisión y destino de recursos públicos.
En ese marco, se investigan transferencias millonarias desde organismos estatales hacia el club, que habrían sido utilizadas para cubrir gastos como indumentaria, transporte, alimentación y viajes.
Además, la fiscalía puso el foco en la compra de un colectivo que habría sido adquirido con fondos públicos y sobre el cual se investiga un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos.
Por su parte, la querella, en representación de Fiscalía de Estado, acompañó la acusación y remarcó la necesidad de analizar los hechos en su conjunto, destacando el compromiso del Estado en investigar posibles hechos de corrupción.
La defensa, en tanto, cuestionó el proceso y sostuvo que durante la investigación se habrían vulnerado garantías constitucionales. También planteó la incorporación de una resolución del Superior Tribunal de Justicia, pedido que fue rechazado por el tribunal.
Asimismo, los abogados defensores adelantaron que intentarán demostrar la inexistencia de los delitos y que las decisiones administrativas se tomaron dentro del marco legal vigente.
El juicio continuará con la declaración de testigos y la producción de prueba documental. Está previsto que el proceso se extienda hasta el 20 de marzo, con la participación de 29 testigos.
