Villa de Merlo aplicará por primera vez el narcotest a funcionarios públicos

Este miércoles, en Casa de Gobierno, el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, junto a los intendentes Luciano Ayala (La Punta) y Leonardo Rodríguez (Villa de Merlo), brindaron detalles sobre la aplicación de la normativa y convocaron a otros municipios a adherir.

Fernández destacó que la iniciativa se enmarca en la política impulsada por el gobernador Claudio Poggi en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Además, explicó que el universo de personas alcanzadas por la ley se amplió significativamente y hoy abarca a unos 12.200 agentes de los tres poderes del Estado, incluyendo personal de salud, policial y penitenciario.

Dentro de ese total, se realizarán alrededor de 5.800 estudios, que serán definidos de manera aleatoria a través de la Caja Social. “Todos estamos incluidos y somos aptos para ser sorteados”, señaló el funcionario.

En cuanto a los resultados del año pasado, se informó que de 1.909 muestras analizadas, 48 arrojaron resultados positivos: 8 por consumo de sustancias ilegales y 40 por uso indebido de medicamentos o automedicación.

Ante un resultado positivo, el procedimiento contempla la intervención del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) para el acompañamiento del agente. En el caso del Poder Ejecutivo, el gobernador puede determinar medidas administrativas según la situación, mientras que los otros poderes aplican sus propios mecanismos.

Fernández subrayó que San Luis ha sido pionera en este tipo de legislación, que ya fue replicada por otras provincias, y remarcó que la medida busca garantizar a la ciudadanía la idoneidad de los funcionarios públicos al momento de tomar decisiones.

La Punta continuará con los controles

El intendente Luciano Ayala explicó que su municipio viene implementando la ley desde 2025 y este año continuará con los estudios. En total, se prevé evaluar a 63 funcionarios de los tres poderes municipales.

El jefe comunal indicó que el municipio afrontará el costo total de los análisis y adelantó que en los próximos días firmarán nuevamente el convenio con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), tal como se realizó el año pasado.

Ayala consideró que la medida se complementa con otras acciones de seguridad impulsadas en la provincia, especialmente en la lucha contra el narcomenudeo, y sostuvo que “los funcionarios deben dar el ejemplo”.

En Merlo se aplicará por primera vez

Por su parte, el intendente de la Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, explicó que el municipio ya contaba con una ordenanza previa a la sanción de la ley provincial, que luego fue ampliada mediante decreto.

En esta primera implementación, el narcotest alcanzará a unas 50 personas, incluyendo concejales, la jueza de faltas, su secretario y funcionarios del gabinete municipal.

Rodríguez detalló que existe un convenio con la UNSL y la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, aunque en este caso cada funcionario deberá afrontar el costo del estudio.

Finalmente, invitó a otros municipios y concejos deliberantes a adherir a la normativa, y remarcó la importancia de garantizar la idoneidad de quienes toman decisiones públicas.

“Es fundamental que quienes tenemos responsabilidades políticas podamos actuar con total claridad y responsabilidad, en beneficio de la comunidad”, concluyó.