Poggi presentó un proyecto para agilizar la Justicia y terminar con la mora judicial

La iniciativa propone reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y busca garantizar que los fallos se dicten en un “plazo razonable”, preservando el derecho de las personas a una respuesta judicial efectiva y oportuna.

Este nuevo proyecto se suma a la propuesta del Ejecutivo para eliminar la Feria Judicial, enviada semanas atrás al Poder Legislativo. Ambas iniciativas forman parte de una política integral de reforma judicial que busca mejorar el acceso a la Justicia y aumentar la eficiencia del sistema.

Durante las últimas semanas, el Gobierno mantuvo reuniones con autoridades de los colegios de abogados y procuradores de San Luis, Villa Mercedes y la tercera Circunscripción, así como con el Colegio Forense provincial. En todos los encuentros, se coincidió en la necesidad urgente de reducir la morosidad judicial y modificar la legislación vigente.

Una Justicia que responda a tiempo

El texto destaca que la garantía del plazo razonable “es esencial para asegurar la efectividad del derecho a la tutela judicial y para proteger a las personas de la incertidumbre y la prolongación indefinida de los procesos”. En línea con tratados internacionales con jerarquía constitucional —como el Pacto de San José de Costa Rica—, se remarca que las causas deben resolverse con celeridad, evitando dilaciones que perjudiquen a los ciudadanos.

Las modificaciones centrales proponen que los plazos para dictar sentencias comiencen a correr automáticamente a los cinco días de quedar firme el llamado a resolver. Además, se limita el uso de las denominadas “medidas para mejor proveer”, que muchas veces, según los propios profesionales del derecho, se utilizan de forma dilatoria y entorpecen la resolución de los juicios.

Cambios puntuales en el Código

El proyecto modifica los artículos 34, 36 y 167 del Código Procesal Civil y Comercial de San Luis (Ley N° VI-0150-2013). Entre los cambios más relevantes se establece:

Plazos precisos para dictar providencias, sentencias interlocutorias y definitivas, con cómputo automático desde el llamado de autos.

Regulación estricta de las medidas para mejor proveer: solo podrán dictarse una vez por instancia, con una duración máxima de 15 días hábiles y por causas fundadas.

Consecuencias concretas para jueces que no cumplan los plazos: perderán la jurisdicción sobre la causa y se considerará nula cualquier sentencia dictada fuera de término sin justificación.

También se destaca que la mora judicial puede constituir causal de remoción según la Ley del Jurado de Enjuiciamiento N° VI-0478-2005, que establece que los magistrados deben cumplir con los plazos procesales y que el exceso de trabajo no será una excusa válida si no fue previamente notificada y autorizada por el Superior Tribunal de Justicia.

Justicia moderna y eficiente

“El Poder Judicial como prestador de un servicio público debe garantizar el acceso a la Justicia a través de un proceso moderno, ágil y en sintonía con las exigencias de una sociedad compleja”, sostiene el texto del proyecto.

Desde el Ejecutivo aseguran que esta reforma apunta a consolidar un sistema judicial más transparente, responsable y eficiente. “Un proceso breve y con reglas claras no solo es un derecho de la ciudadanía, sino también una herramienta fundamental para fortalecer la institucionalidad y la dignidad humana”, señala la propuesta.

La ley, una vez sancionada, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará tanto a causas nuevas como a las ya iniciadas, salvo en aquellos trámites en curso que ya hayan comenzado su ejecución, los cuales seguirán rigiéndose por las normas anteriores.